Otro agente, destinado a la comisaría de Alcorcón, también abandona el colectivo por dedicarse a vender drogas
El Consejo de la Policía (máximo órgano rector del cuerpo) decidió
ayer la expulsión de un agente condenado en sentencia firme por detener ilegalmente y violar a una prostituta
en la colonia Marconi (Villaverde). Otro compañero suyo corrió la misma
suerte por vender cocaína y dedicarse a cobrar deudas pendientes del
tráfico del estupefaciente, según explicaron fuentes de la institución.
El agente Víctor M. G., adscrito a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), fue condenado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid
como autor de un delito de agresión sexual en concurso medial con otro
de delito ilegal. Le impusieron una condena de 10 años y 6 meses de
prisión.
Los jueces consideraron probado que el agente acudió en su vehículo
particular alrededor de las 23.20 a la calle de Bascuñuelos, donde
contactó con una prostituta, Nancy P. Le dijo que estaba de manera
irregular en España y que tenía que llevarla a comisaría. La inmovilizó
con unas bridas por las muñecas y la metió en el asiento trasero de su
coche.
En lugar de dirigirse a la comisaría, el agente ahora condenado paró
en un lugar apartado y oscuro, donde obligó a la mujer a quitarse la
ropa. El agente empezó a tocarle los pechos. Después la violó bucal,
anal y vaginalmente. La víctima logró escapar desnuda. Fue ayudada por
un taxista que pasaba por la zona. La trasladó a Getafe, donde denunció
lo que le había sucedido.
El agente declaró durante el juicio que se avergonzaba de haber ido
“de putas”. También destacó que había trabajado en el País Vasco en la
lucha antiterrorista y que sentía verse en la cárcel cuando siempre ha
luchado por los derechos de la gente. El tribunal no aceptó estos
argumentos y lo condenó.
Otro agente, este de la comisaría de Alcorcón, Javier M. S., también
fue expulsado tras haber sido condenado por la Sección 2ª de la
Audiencia Provincial a cuatro años de prisión. Los magistrados le
consideraron culpable de vender y distribuir cocaína a pequeña escala.
En el registro que se hizo de su vivienda se le decomisaron una balanza
de precisión, 5.015 euros en efectivo y dos cuadernos con anotaciones de
personas que le debían dinero derivado de dicho tráfico. Por ello,
también fue acusado de dedicarse a cobrar deudas impagadas de su ilícito
negocio. El agente había sido suspendido cautelarmente de sus funciones
el 28 de agosto de 2009.
El tercer caso importante estudiado por el Consejo de la Policía fue
el de José David G. P., destinado a la comisaría de Móstoles, que fue
condenado a seis años de prisión por un delito de lesiones, entre otros.
El órgano rector de la Policía Nacional decidió apartarlo del servicio
durante tres años. Según consta en el expediente, el agente llamó la
atención a unos jóvenes el 1 de diciembre de 2006, cuando estaban
golpeando un contenedor.
Pese a que estaba fuera de servicio, exhibió la pistola y una barra
metálica extensible. Lo que no sabía el policía es que los jóvenes eran
militares del Ejército de Tierra y le exigieron que se identificara. El
policía guardó las armas y salió corriendo. Los militares le alcanzaron y
se entabló un forcejeo. El funcionario sacó la barra y golpeó a uno de
los jóvenes. Le causó importantes lesiones que tardaron 104 días en
curar. Al final, le produjo una pérdida de visión en ese ojo del 85%.
