El descrédito político y la crisis económica reactivan la visibilidad y los actos violentos de los grupos de extrema derecha, cuya ilegalización se discute antes de que emprendan el asalto a las instituciones
Una alcaldesa del PP rindiendo
homenaje "a los caídos por Dios y por España" en el municipio madrileño
de Quijorna, en el que se montó un mercadillo con mercadotecnia de
simbología nazi y fascista; jóvenes de Nuevas Generaciones del PP
colgando vídeos en Youtube donde dan pábulo al proselitismo franquista;
alcaldes gallegos como el de Baralla que añoran públicamente el antiguo
régimen o, como el del Ayuntamiento orensano de Beade, que despiertan al
son de la infausta melodía del Cara al sol como tono de móvil; o
el ataque a la librería Blanquerna en la jornada de la Diada y la Vía
Catalana por parte del grupo Alianza Nacional, cuya ilegalización
estudia el Tribunal Supremo. No son pocos los episodios de carácter
ultraderechista que al albur de la crisis económica, la desafección
política, la desconfianza en las instituciones o la inmigración han
germinado con una cuota de visibilidad creciente con intención de
capitalizar esta tormenta perfecta y, frente al espejo de los
éxitos obtenidos por movimientos semejantes en varios países de Europa,
con el griego Aurora Dorada de referente, trabajan en la ensoñación de
captar adeptos y, por qué no, asomarse a los poderes públicos.
Al amparo de que la apología del franquismo no es todavía
constitutiva de delito -vulnera el código moral, que no el penal-; los
grupos de extrema derecha han aprovechado estos años de recesión, amén
de demandas independentistas como la procedente de Catalunya, para
tratar de aumentar sus áreas de influencia. Según el informe más
reciente del Movimiento contra la Intolerancia, se estiman en 4.000 los
incidentes y agresiones que provocan anualmente; con grupos racistas y
xenófobos en todas las comunidades; un millar de localizaciones a través
de webs, blogs o foros en Internet; decenas de conciertos de corte
neofascista; y fijando en unos 10.000 el número aproximado de militantes
de esta ideología y sus ramificaciones. La propia Policía española
tiene constancia de la existencia de 46 grupos activos de derecha
radicalizada, en cuyo seno se han detenido a 74 personas solamente en
2013; aparte de las más de 250 bandas neonazis que las Fuerzas y
Seguridad del Estado contabilizaban ya en 2008, 53 de ellas muy
peligrosas. Tanto, como la iniciativa denominada La España en marcha
(LEM), abanderada por La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza
Nacional, Movimiento Católico Español y Democracia Nacional, cuya puesta
en escena tendrá lugar el próximo sábado día 12 en Barcelona para
denunciar el propósito soberanista catalán mediante "quema de trapos
separatistas". Es más, el líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña,
avisó de que los catalanes podían tener "por seguro" que no obtendrían
su independencia sin derramar "sangre". "Si es preciso la lucha armada,
pues lucha armada". "Lo que no permitiremos es que se escinda un
territorio de España sin que haya sangre", amenazó.
Esta última iniciativa de carácter unitario surge de la escasa
representatividad electoral que estas formaciones arrastran desde
finales de los años setenta, sumergido como está el voto de estos
grupúsculos bajo las siglas del Partido Popular, por ser donde más
"cómodos" se encuentran y, como recomendó la FAES, por la labor del
partido de Génova en concentrar su sufragio. De hecho, el conglomerado
que ahora conforma LEM sufrió un descenso significativo en los comicios
de 2011 en comparación con las generales precedentes, pasando de 20.175 a
4.760 votos. En su horizonte se encuentran las elecciones europeas de
2014 quizás como pulsómetro a corto y medio plazo. No es de extrañar que
la Unión Progresista de Fiscales haya mostrado su "preocupación" por el
incremento de actos fascistas tras la pintada nazi aparecida en la
plaza de toros de Pinto con el lema Hitler tenía razón, ya que "puede ser semillero de actuaciones mucho más graves", como se comprobó el pasado 11 de septiembre.
Carrusel de incidentes El
cierre en falso en el periodo de la Transición de todas las derivadas
del franquismo ha llevado incluso a que sea Argentina quien haya tenido
que reactivar el juicio contra cuatro torturadores de la etapa
dictatorial, poniendo en evidencia a la justicia española; por no hablar
de las exhumaciones de quienes se agolpan aún en las cunetas y que,
desde la óptica de la derecha radical, es una página a pasar por aquello
de no reabrir heridas que, paradójicamente, todavía sangran. Para
colmo, el verano ha resultado un nicho para incidentes de este corte.
Primero, trascendieron las fotografías de jóvenes militantes del PP de
Valencia y Castilla-La Mancha con el brazo en alto, desautorizados en
voz baja por su formación, y con Rafael Hernando, portavoz adjunto popular
en el Congreso, añadiendo leña al fuego al considerar que "las
consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos". El 26 de
julio fue el regidor de Baralla (Lugo) quien sentenció que "los
condenados a muerte por Franco se lo merecían". También el popular
José Luis Fernández, concejal de Cultura de Talavera la Nueva (Toledo),
se plantó en el Valle de los Caídos en noviembre de 2012 para
retratarse envuelto en una bandera franquista; mientras que María
Bermejo, secretaria general de las Nuevas Generaciones de Sevilla, posó
bajo un escudo preconstitucional.
Para colmo, las formaciones populistas anteriormente citadas,
animan a retomar el "proyecto" del 18 de julio, día del Golpe de Estado
contra el gobierno democrático de la Segunda República, bajo un ideario
común en el que sobresale la derogación de la Constitución, la
prohibición de las ideas secesionistas, el cese de la inmigración, la
oposición radical al aborto y la eutanasia, la abolición del matrimonio
homosexual y la eliminación de las autonomías. Planteamientos que
cogieron vuelo electoral bajo la representación de Plataforma por
Catalunya, el partido de Josep Anglada, que obtuvo 67 ediles hace dos
años; y España 2000, que tiene en Valencia y Alcalá de Henares, con
cuatro concejales y uno respectivamente, su mayor vivero. Demagogia
fácil y simplona que halla en los jóvenes desarraigados del mundo
laboral su mayor tárget.
Ahora el debate se centra en la ilegalización de estos
partidos de extrema derecha acudiendo a la Ley que en su día sirvió para
censurar los derechos de la denominada izquierda abertzale tradicional
en Euskadi; o en la reforma del Código Penal que posibilite un clon de
la legislación contra el nazismo promovida en Alemania. Si se trata de
prohibir las formaciones cuyos líderes enaltecen a los seguidores que
cometen actos vandálicos nos topamos ante un problema que deben resolver
los magistrados. Pero si se pretende excluir a formaciones por su
ideario supone adentrarse en un terreno minado porque el veto de las
ideas no conduce a su erradicación; e incluso su prohibición podría
resultar contraproducente porque podría victimizarlos, además de
publicitarlos. El espejismo regeneracionista que ofrecen deslumbra a un
sector poblacional ávido de proclamas grandilocuentes e ideologías
purificantes, pero, alerta roja aparte, revela el fracaso en la
construcción de una mitología democrática. Demasiadas águilas en el
armario.
