El gabinete jurídico de la Liga Anticorrupción señala que detener e identificar ciudadanos por participar en escraches es ilegal, y que sólo se puede detener a alguien cuando si se produjera una agresión, cosa que hasta el momento no ha ocurrido.
El gabinete jurídico de la Liga Anticorrupción ha salido al paso de
las órdenes que han recibido los policías nacionales desde la Secretaria
de Estado de Seguridad y ha señalado que detener a un ciudadano por
abuchear en la vía pública a un político es “desde todos los puntos de
vista jurídicos, ilegal”. Los letrados de la Liga han abundado en esta
argumentación señalando que sólo se puede detener a alguien en el caso
de producirse una agresión, “cosa que hasta el momento no ha ocurrido”
.
Una orden reiterativa y carente de sentido, salvo para criminalizar las protestas.
Los juristas de la Liga Anticorrupción han analizado la escueta orden
emitida desde la Secretaria de Estado y han señalado que lo ordenado en
ella sólo viene a reiterar las órdenes habituales de operatividad que
tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por escrito. Esto,
además de reiterativo, sólo puede comprenderse dentro de la dinámica de
criminalización de las protestas en la que están participando miembros
del partido en el gobierno, y en la que se ha destacado como
especialmente beligerante la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes. También señalan que la orden resulta “carente de sentido”
dado que los policías son lo suficientemente profesionales como para no
precisar que los políticos les estén recordando cómo tienen que actuar,
salvo que el mensaje subliminal que se quiera transmitir a los policías
es de actuar de forma más contundente contra los manifestantes.
Ante esta espiral de criminalización hacia un movimiento ciudadano
que actúa dentro de lo que legítimamente son sus derechos
constitucionales, y para evitar que en los sucesivo eso pueda
generalizarse y afectar a cualquier otra entidad de la sociedad civil,
el lunes la Liga Anticorrupción presentará un escrito ante la Defensora
del Pueblo pidiendo su intervención para que acaben este tipo de
actuaciones y de utilizaciones del cargo público en favor de los
intereses de un partido político.
