Los
represores, que provocaron desorden público, atentaron contra la
autoridad popular y causaron lesiones por decenas, acusan de esos
delitos a otrxs.
Once personas han sido detenidas y otras nueve
imputadas en una operación policial abierta contra los que participaron
en la enorme manifestación de las Marchas de la Dignidad
el pasado 22 de marzo, posteriormente reprimida sin motivos y sin
contemplaciones por la Policía. Ese día hubo 21 detenidos, uno de los
cuales, Miguel, injustamente sigue en prisión preventiva.
Según fuentes cercanas a varios detenidos, así como las redes
sociales, estas personas se encontraban en ese momento en su casa o en
su puesto de trabajo. La Policía, decidida a sentar un precedente
represivo para aquellos que en un futuro (más cercano que lejano)
decidan participar en nuevas marchas millonarias, informa que la
operación se encuentra todavía en una primera fase y continua abierta
por lo que se esperan más detenciones.
Todas
las actuaciones represivas se han llevado a cabo en Madrid y se trata
en todos los casos de personas mayores de edad, a los que se les acusa
de delitos de desordenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.
La operación ha recibido el nombre de Puma 70, en alusión al grupo de
antidisturbios que provocó los mayores desmanes entre el más de un
millón de participantes en la marcha. Luego, el exceso de anfetamina les
llevó a quedar rodeados en el Paseo de Recoletos y recibir de los
manifestantes la respuesta a sus ataques.
Varios de los detenidos habían sido ya llamados a declarar ante el
juez el próximo 10 de abril, según informan fuentes cercanas, por lo que
sus abogados no entienden el porqué de los arrestos, a menos que se
deba a la difusión de fotos y vídeos donde se ve claramente que los
policías no controlaban sus propios actos y tomaban decisiones suicidas.
Ellos o sus mandos políticos.
Las autoridades, prestas como siempre a encasillar a todo el que se
sale del guión, para tranquilizar a los que miran desde su campana de
cristal, asegura que los detenidos en esta operación son "anarquistas,
antifascistas y bukaneros".
Además, sin sonrojarse, insisten en que para la identificación de los
detenidos e imputados ha sido determinante la "colaboración ciudadana".
Si eso fuera verdad, sería el argumento definitivo para demostrar que
no son ni anarquistas, ni antifascistas, ni bukaneros.
Extraido de la Haine
