Amaiur preguntó qué opinión le merecían las denuncias de discriminación racial en España efectuadas por Mutuma Ruteere y el Ejecutivo responde que Naciones Unidas está satisfecha con los "importantes avances en el tratamiento de la problemática"
Cuando se hizo público en junio, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu García preguntó al Gobierno si tenía pensado tomar medidas concretas
tras el rapapolvo de Ruteere, pero en su respuesta por escrito el
Ejecutivo ha hecho caso omiso a las conclusiones de la investigación. Es
más, se vale de algunas frases del propio relator sacadas de contexto
para esbozar una vaga excusa alejada de lo que había criticado en el
estudio. "España ha logrado importantes avances en el tratamiento de la
problemática del racismo y la xenofobia", reproduce el Gobierno, que
recuerda que el observador de la ONU afirmó que España cuenta "con un
marco jurídico sólido para luchar contra la discriminación y con
políticas de calado e instituciones acreditadas para combatir el
racismo".
El Gobierno niega que haya redadas
racistas, pero Ruteere denunció el uso generalizado de perfiles raciales
por parte de la policía
En realidad, Ruteere cargaba en su informe (pdf) contra el tijeretazo
a los presupuestos, que ha frenado la lucha contra el racismo desde las
administraciones e impedido avanzar en la integración de los ciudadanos
extranjeros en situación administrativa irregular. Iñarritu también
preguntó por qué ningún ministro se reunió con el representante de
Naciones Unidas, pero la respuesta del Gobierno, fechada el 28 de
agosto, sortea la cuestión. "El Relator Especial expresa su más sincero
agradecimiento al Gobierno de España por su cooperación en la
preparación y la realización de la visita".
En cuanto a la
atención sanitaria a extranjeros, el Gobierno considera que España
ofrece "las prestaciones más generosas de toda la UE". También rechaza
la existencia de redadas racistas,
mientras que Ruteere tuvo otra impresión. "El uso de perfiles raciales
por los agentes del orden sigue siendo un problema persistente y
generalizado, que repercute negativamente en la relación entre la
policía y la comunidad y en el disfrute de los derechos de las personas
afectadas", explicaba el observador. Por ello, recomienda vigilar las
"faltas de conducta de la policía en cuanto a la discriminación racial
[...] mediante procesos disciplinarios internos" y a través de un
"mecanismo civil independiente".
