Ha pasado un año desde la convocatoria “Rodea el Congreso”, celebrada en Madrid el 25 de septiembre de 2012, y a pesar del anuncio del Ministerio del Interior de que iba a realizar una investigación, especialmente de lo ocurrido en la estación de Cercanías de Atocha, todavía no se han hecho públicos los resultados ni los métodos empleados para llevar a cabo esta investigación.
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| Los vigilantes privados de RENFE cargaron ilegalmente |
Después de una serie de enfrentamientos entre algunos manifestantes y
los agentes antidisturbios en los aledaños del Congreso de los
Diputados, algunas unidades policiales entraron en la estación de
cercanías de Atocha, presuntamente persiguiendo a algunos manifestantes.
Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes
entran disparando lo que podrían ser salvas u otro tipo de material
antidisturbios, golpean de manera indiscriminada a las personas que
allí se encuentran, y disparan sus escopetas desde un andén a otro,
poniendo en grave riesgo a los viajeros durante la intervención policial
que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en
movimiento.
Como resultado de los enfrentamientos producidos aquella tarde-noche
entre manifestantes y agentes de policía, decenas de personas, incluidos
agentes, resultaron heridas.
Amnistía Internacional solicitó una investigación rápida, eficaz e
imparcial a través de un organismo independiente del uso
desproporcionado de la fuerza, especialmente durante la actuación
policial en el interior de la estación de Atocha y esta no se ha
producido. La organización se ha dirigido en tres ocasiones al
Ministerio del Interior, la última el pasado mes de mayo.
Un año después sólo se tiene conocimiento de la investigación
interna, pero se desconocen sus resultados y la metodología empleada
para realizarla.
Por otra parte, Amnistía Internacional muestra sus dudas sobre la
imparcialidad de esta investigación, ya que antes de llevarse a cabo,
las autoridades aseguraron públicamente que la intervención de los
agentes había sido la correcta. La organización lamenta la falta de
transparencia por parte de las autoridades para esclarecer hechos tan
graves como los ocurridos el 25 de septiembre.
Las víctimas de los abusos policiales, desamparadas
En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la
policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se
castiga a los responsables. En los casos en los que se han iniciado las
investigaciones, muchas veces las denuncias se archivan al no poderse
identificar a los agentes implicados, algo que incumple la propia
normativa policial que obliga a los agentes a ir identificados. Esta
situación genera un clima de impunidad frente a los abusos.
La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la
principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden
público y del Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas
internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a
a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de
evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar
los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus
funciones.