El Ejecutivo responde ahora una pregunta planteada en enero por el
portavoz de IU en Interior, Ricardo Sixto, que demuestra que se
incumplen las órdenes de hace casi un año del director general de la
Policía y las peticiones de la Defensora del Pueblo para erradicar estas
prácticas
La Policía realiza las identificaciones de ciudadanos en la calle
teniendo muy en cuenta la raza o la etnia de la persona a la que pide la
documentación. Esta práctica vigente en estos momentos echa por tierra
las recomendaciones para erradicarla que hace más de un año hizo la Defensora del Pueblo
y demuestra el poco caso que merecen las órdenes dadas en igual sentido
por el mismísimo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una
circular interna fechada en mayo pasado.
Estas son las conclusiones a las que llega Izquierda Unida tras
analizar los datos facilitados ahora por el Gobierno a su diputado y
portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, que
se interesó por esta cuestión en una pregunta registrada en enero. Así,
desde el 20 de mayo de 2012 -fecha en la que Cosidó emitió su circular
interna en la que prohibía expresamente a los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía las “actuaciones masivas o indiscriminadas basadas
únicamente en criterios étnicos”- hasta enero de 2013 han sido
identificadas 27.107 personas en España. De ellas, un 53,5% era de
origen extranjero, mientras que la población inmigrante en nuestro país
se sitúa alrededor del 11,5%.
Las cifras totales facilitadas por el Gobierno a IU abarcan el
periodo que va desde el mes de diciembre de 2011 al de enero de 2013. En
este tiempo los agentes de la Policía identificaron en las calles de
nuestro país a cerca de 50.000 personas, en concreto 49.295. Sixto pidió
en su pregunta que se utilizara precisamente para separar las cifras la
fecha en que Cosidó firmó su circular, de ahí el número de 22.188
identificados con anterioridad y los mencionados 27.107 tras el escrito
del máximo jefe policial.
La circular interna prohibía expresamente el “establecimiento
de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier
unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose igualmente actuaciones
masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”
y establecía que cualquier control e identificación de personas en la
vía pública o establecimientos públicos “deberán ser de carácter
selectivo”. Además, el director general de la Policía señala
expresamente que se hicieran “de forma proporcionada (…), de tal manera
que se evitarán aquellas que se consideren innecesarias, arbitrarias,
abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga
al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de
seguridad”.
Pese a que las órdenes de Ignacio Cosidó eran
taxativas, el resultado en la práctica es decepcionante: la media de
extranjeros identificados apenas descendió tres puntos, al pasar del
56,2% anterior a la circular al ya mencionado 53,5% tras ella.
Se da el caso, además, de que según los datos facilitados a IU por el
Gobierno una parte muy importante de estas identificaciones públicas
van dirigidas a inmigrantes que poseen rasgos raciales muy
característicos o definidos. Así, un tercio de los cerca de 14.500
extranjeros a los que se pidió la documentación tras la circular eran
africanos, concretamente 4.509, les siguen los americanos (2.719) y los
asiáticos (2.290).
Resulta muy llamativo lo que pasa con los europeos contabilizados
para comprobar la importancia de la etnia en las identificaciones
policiales. Descontados los 12.680 españoles incluidos lógicamente en
este grupo, resulta que la Policía pidió públicamente sus datos a 4.819
europeos de distintas nacionalidades, de los cuales 2.824 eran
exclusivamente rumanos. Es decir, pese a la importante colonia de
ciudadanos rumanos existente en España resulta que por cada 4 españoles
al que se le pide la documentación ocurre lo mismo con 1 rumano. Sin
embargo, esto no pasa con otros grupos de extranjeros con presencia
también notable en nuestro país como ingleses (90 identificados),
italianos (93) o franceses (116).
La polémica sobre esta supuesta existencia de redadas ‘racistas’ surgió ya durante el anterior gobierno del PSOE,
cuando incluso desde algún sindicato policial como el SUP se denunció
la existencia de cupos de arresto de extranjeros para inflar las
estadísticas de eficacia los propios sindica.
La propia Defensora del Pueblo entonces, María Luisa Cava de Llano,
recibió numerosas quejas y tras las elecciones generales –en enero de
2012- reclamó directamente a la Dirección General de Policía (DGP) que
adoptara medidas y dieran las “instrucciones oportunas” para “erradicar
la práctica policial detectada consistente en controles de
identificación, basados en perfiles étnicos y raciales”. Recomendó
también que se arbitren “mecanismos de control a posteriori, que
permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones
realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía”.
Todos estos antecedentes han llevado a Izquierda Unida a ocuparse de
este asunto desde hace meses. Así, además de las preguntas formuladas
por Ricardo Sixto a las que ahora ha respondido el Gobierno, está
pendiente de debatirse en el Congreso una proposición no de ley
registrada hace un año donde se insta al Gobierno del PP a la “inmediata
erradicación de las redadas racistas” y se reclama una condena expresa
del Parlamento a “los controles de identidad basados en rasgos étnicos y
raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas
por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los
derechos humanos”.
Pese al tiempo transcurrido desde que se registró la iniciativa “los
datos facilitados ahora por el Gobierno demuestran que las sospechas que
mantenía Izquierda Unida y las denuncias que se sucedían estaban en lo
cierto sobre el mantenimiento de estas prácticas”, señala el diputado
Sixto.
