Derecho Penitenciario.
Los escoltas empezarían a trabajar en estos seis centros a
partir de marzo. Varios escoltas de la firma Ombuds, la primera
adjudicataria, han confirmado a 20minutos.es que ya han recibido
ofertas. Interior habla solo de contactos con varias empresas de
seguridad. El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López,
sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos
españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto
por su presunta participación en el golpe de Estado.
20minutos.es (DAVID FERNÁNDEZ).- La privatización llega al ámbito
penitenciario. El Ministerio del Interior ha puesto ya en marcha la
primera fase para privatizar la seguridad exterior de las prisiones
españolas, es decir, para sustituir a guardias civiles por escoltas
privados.
Según han explicado a 20minutos.es distintas fuentes penitenciarias, a
partir de marzo seis cárceles: Alicante, Logroño, Topas (Salamanca),
Castellón, Dueñas (Palencia) y Huelva, contarán con esta vigilancia
’privada’, que se encargará de los accesos al centro, el control de
cámaras y las patrullas en el perímetro del recinto, las funciones
encomendadas actualmente a la Benemérita.
La seguridad de estos centros, según las mismas fuentes, habría sido
ya adjudicada a la empresa Ombuds, una de las más fuertes del sector.
Instituciones Penitenciarias no habría sacado a concurso público este
servicio, sino que como le permite la ley, ha argumentado motivos de
seguridad para sacarlo por concurso restringido, es decir, invitando a
empresas que normalmente trabajan con la Administración.
Ombuds será la primera empresa que ponga escoltas en las cárceles
Como ejemplo, Ombuds acaba de ser una de las dos empresas adjudicatarias
para el "servicio de vigilancia con armas" en los hospitales militares.
El contrato cuesta a las arcas públicas 3,3 millones de euros. Ombuds
se ha llevado ocho de los diez hospitales, entre ellos el madrileño
Gómez Ulla.
El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de
José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el
23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su
presunta participación en el golpe de Estado.
ESCOLTAS CONTRA ETA
Muchas empresas de seguridad que trabajaban en el País Vasco y
Navarra han visto mermados sus ingresos cuando la amenaza del terrorismo
de ETA se ha reducido hasta casi desparecer. Muchas han tenido que
iniciar ERE, como Ombdus, que abrió un Expediente de Regulación de
Empleo suspensivo que afecto a unos 260 escoltas, según los sindicatos.
La recolocación de estos escoltas en las prisiones fue una salida
laboral que diseñó el Gobierno del PP.
El sindicato CSIF, que ha emitido una nota de prensa, señala que
Interior vulnera con esta medida el Reglamento Penitenciario, que en su
artículo 63 señala que "la seguridad exterior de los establecimientos
corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y el
artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público que "establece que al funcionario público le
corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés
generales del Estado y de la Administraciones Públicas".
Los sindicatos señalan que esta medida vulnera dos leyes. Dos
trabajadores de Ombdus, afectados por el ERE, han señalado a este diario
que la empresa ya les ha ofrecido un trabajo en las seis prisiones
señaladas anteriormente, con un sueldo inferior al que tenían trabajando
como escoltas en el norte de España. Y que antes tendrán que hacer un
curso de reciclaje.
ENTRE 15 Y 21 PRISIONES
En varios foros, Interior anunció en un principio que se privatizaría
la seguridad exterior de entre 15 y 21 cárceles. El ya ex secretario de
Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explicó en el Congreso el 28 de
junio de 2012 que los escoltas no sólo optarían a sustituir a guardias
civiles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de
prisiones en determinadas funciones dentro de las cárceles.
Ulloa puso como ejemplo "mirar un monitor de seguridad dentro de la
cárcel [...] no queda más remedio que buscar alternativas, la
alternativa de la seguridad privada". Algo que finalmente no harán. Sólo
se encargará de la seguridad exterior.
Interior niega que se haya alcanzado ya un acuerdo definitivo Un
portavoz de Interior explicó a este diario que los escoltas trabajarán
en prisiones, pero negó que se haya alcanzado ya algún acuerdo concreto
con ninguna empresa de seguridad privada. "Habrá varias empresas
trabajando". Se trata de un plan que se pondrá en marcha próximamente,
pero "por el momento no se ha concretado nada".
Interior recalca que el objetivo de esta medida no es reemplazar por
completo a la Guardia Civil, sino que agentes de seguridad privada se
encarguen de labores secundarias relacionadas con el control del
perímetro exterior. Es decir, que se mantendrá un pequeño destacamento
de la Benemérita, que estará al mando de escoltas privados. Este diario,
intentó sin éxito, hablar con algún portavoz de Ombuds.
El Gobierno prepara la privatización de la vigilancia en cárceles y centros de menores
Marcos Paradinas
La medida busca recolocar a los escoltas de políticos, en paro tras
el fin de ETA, y los sindicatos denuncian el "oscurantismo" sobre las
adjudicaciones.
Según asegura el principal sindicato de la función pública, la
empresa Ombuds será la beneficiaria del primer paquete de
privatizaciones que incluirá la vigilancia de las prisiones de Palencia,
Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. Sin embargo, otras
empresas también podrían beneficiarse de esta medida y fuentes del
sector apuntan a que Segur Ibérica se haría con la vigilancia de la
cárcel de Sevilla y la de León.
Labores de la Guardia Civil
El Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que la
“seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía
de las Comunidades Autónomas”. En la actualidad, es la Guardia Civil
quien se encarga de estas labores y, en ocasiones, como en los accesos
principales, conviven agentes de la Benemérita con funcionarios de
prisiones.
Primeros contactos
El hecho de que aún no se haya cambiado esta ley podría explicar que
desde Interior nieguen que se hayan adjudicado ya los contratos. Desde
el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz aseguran que, de momento,
sólo se han establecido contactos, pero reconocen que la privatización
está en marcha y el plan se concretará en próximas fechas. ELPLURAL.COM
ha intentado sin éxito recabar la opinión de un responsable de
Instituciones Penitenciarias.
Cursos de 10 horas
La prueba de ello está en el BOE del 10 de diciembre, donde se recoge
la resolución de Interior que marca el temario de los cursos dirigidos a
agentes privados para la vigilancia de centros de internamientos. En
estos cursos, que tienen una duración de 10 horas presenciales, se
enseña la normativa reguladora para la “vigilancia en centros
penitenciarios, centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes, centros de menores”, así como
lecciones sobre “el control de accesos, control de cámaras y vigilancia
perimetral de las instalaciones” y directrices para la “colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“Seguridad privada más barata”
César Charro, experto en seguridad privada y socio fundador del
Gabinete de Expertos en Seguridad, asegura que la medida es positiva
para paliar el desempleo en el sector tras la reducción de escoltas a
cargos públicos. Su organización ya está ofreciendo cursos basados en la
normativa para formar a agentes de seguridad en la vigilancia de
centros de internamiento e incluso ofrece un descuento del 25% para
“vigilantes y escoltas en paro”. Charro asegura que “la seguridad
privada es más barata” y que todos salen ganando con la medida.
“Oscurantismo total”
No opina lo mismo Adolfo Fernández, portavoz del CSI-F para
Instituciones Penitenciarias, que no entiende cómo va a ser más barato
contratar a agentes privados para los puestos de Guardias Civiles, si a
los agentes “no se les puede despedir”. Fernández cree que el grueso de
la privatización “va a empezar en marzo” y denuncia el “oscurantismo
total sobre el tema”.
Los contratos de Ombuds
Si las sospechas se confirman, quien más se beneficiará de la medida
es la empresa Ombuds, que en los últimos meses ha recibido varios
contratos públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa. Al igual
que ocurriría con las cárceles, vigilantes privados se encargan ahora de
realizar tareas que antes hacían soldados del Ejército. Así sucede en
el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, el Centro Militar de
Farmacia, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial y en los Centros Militares de Farmacia de Córdoba y
Burgos y en los Hospitales Generales de la Defensa de Zaragoza y San
Fernando (Cádiz). Un lote por el que Ombuds cobrará tres millones de
euros.
El Plural
