
Que la campaña de "escraches" lanzada por la PAH contra los
políticos del PP para presionar, por vía de la denuncia y la protesta
social, a objeto de que no se recorte la ILP sobre los desahucios
presentada por la plataforma en el Congreso con apoyo de más de un
millón y medio de firmas, ha generado terror en las filas de los
dirigentes del partido fundando por el franquista nunca arrepentido
Manuel Fraga, es un hecho. Que tal hecho demuestra que es una vía
efectiva para garantizar que los políticos de este partido, como de
otros similares (UPyD, PSOE, CiU, etc.), actuando en nombre del
terrorismo financiero, no vayan contra lo que es una demanda mayoritaria
en la calle, una evidencia.
Lo que está en juego con esta lucha de la PAH es la vida misma, tal y
como demuestran los múltiples casos de suicidios y otras dramáticas
situaciones relacionadas con los desahucios que se han producido en las
últimas fechas. Máxime, teniendo en cuenta la reciente sentencia europea
que declara ilegal parte de la ley hipotecaria española que está
permitiendo poner en la calle a cientos de miles de familias, que
además, en la mayoría de casos, deben afrontar, desposeídos ya de su
vivienda, un nueva hipoteca: la hipoteca de sus propias vidas que supone
para ellos el quedarse con una deuda con el mismo banco que los ha
desahuciado, y que jamás podrán pagar.
Pero los representantes del PP, y sus lacayos mediáticos, no parecen
dispuestos a dejarse condicionar por las presiones de la calle, pues
ellos no aceptan más presión que la que le imponen los poderes
financieros y económicos estatales e internacionales, así como banqueros
y grandes empresarios. Por ello, ante la estrategia de lucha de la PAH,
el PP ha respondido con una brutal campaña, mediática y judicial, que
pretende criminalizar a la PAH, y centrar las iras de la justicia y de
aquella parte de la ciudadanía que todavía apoya al gobierno, incluídos
los siempre activos escuadrones violentos de la extrema derecha, contra
sus activistas.
De la represión policial al "La PAH es ETA". ¿Quiénes son los terroristas?
Si bien es cierto que los activistas de la PAH llevan años sufriendo
el acoso y la represión policial en una buena parte de sus actos
solidarios con las familias desahuciadas, con cargas de los
antidisturbios, heridos, detenidos y varios procesos judiciales abiertos
contra personas participes de estos actos, en algunos casos de varias
decenas de personas simultáneamente, al PP y su entorno mediático parece
no serle suficiente con ello.
Desde que la PAH iniciase su campaña de "escraches", la
criminalización de la PAH se ha convertido en línea central de la
estrategia política y mediática del PP, impulsada tanto por los
dirigentes populares, como por sus medios afines. Tratando así de
deslegitimar socialmente a la Plataforma, y presentándose a la sociedad
como víctimas, cuando cientos de miles de personas, que se suman a las
cientos de miles ya desahuciadas, tienen abiertos actualmente procesos
de desahucio, y viven en una angustia y agonía que no se limita a la
"visita" de un grupo de presonas durante unos minutos a las puertas de
sus casas o en sus actividades en la calle, sino que dura las 24 horas
del día, los siete días de la semana. En muchos casos arrastrando con
ellos a menores de edad, sus hijos e hijas, que pueden tener igual un
mes de vida, que 17 años y once meses. Porque cada caso es un mundo,
pero en todos ellos hay un elemento común: la tragedia y el sufrimiento.
Los afectados por este tipo de procesos, se sienten culpables por
haber perdido sus casas, creen que ellos son los responsables. Ver a sus
hijos, esposa, padres... en la calle, los destroza psicológica y
físicamente. Así lo relatan los propios afectados por los desahucios,
-520 casos cada día en España-, y los psiquiatras que colaboran con las
asociaciones de afectados. El proceso de desahucio empuja a los
afectados al colapso emocional, tal y como ha revelado el estudio 'La
vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio' que
han realizado ESADE y la Fundación Innovación, Acción y
Conocimiento. Las personas que han sufrido un desahucio padecen un
colapso, un choque emocional tan fuerte y en muchos casos difícil de
revertir, parecido al que sufren las víctimas de un atentado terrorista o de un accidente de tráfico.
Además, los expertos señalan que los desahuciados "no encuentran
ningún tipo de apoyo útil más allá del qué pueden ofrecer algunos
organismos sociales", y es que el banco, la Administración y la empresa
"son agentes que se muestran ineficaces y dificultan o empeoran su
situación". Una de las terapias que recomiendan es asociarse y luchar
por sus derechos. Es decir, justamente lo que hace la PAH.
Pero lo que es una percepción que puede confirmar cualquiera que haya
estado cerca de alguna persona afectada por este tipo de procesos de
desahucio, además de un hecho probado científicamente, tal y como
muestra el mencionado estudio, el PP quiere convertirlo en algo sin la
menor importancia, en comparación con las acciones de "escrache"
llevadas a cabo por la PAH. Quieren convertir a los verdugos en
víctimas, y a las víctimas en verdugos. Para ello, claro, nada mejor que
recurrir a la doctrina del shock que por tantos años ha dado excelentes
resultados a este tipo de estrategias victimistas en España: el "Todo
es ETA".
Conocido es el brillante libro de Naomi Klein en el que nos habla
acerca de la aplicación de la “Doctrina del Shock” en la vida política y
económica de los países. Como tesis central, el libro básicamente
propone que al hacer entrar en shock a un individuo o sociedad este será
más fácilmente manipulable, y que es ese el momento para implementar
las políticas y leyes más agresivas, que de otra manera no serían
aceptadas por la sociedad. El impulsor de esta teoría fue el economista
norteamericano Milton Friedman , quien la habría extrapolado de sus
observaciones en la respuesta que los pacientes con ciertas enfermedades
mentales tenían cuando les eran aplicadas terapias de electroshocks.
Friedman descubrió que los pacientes se volvían completamente dóciles y
sumisos mientras los efectos de la terapia se mantenían altos,
volviéndose personas con una resistencia mental casi nula, fáciles por
tanto de manipular al punto de hacerlos actuar aún en contra de su
propia voluntad defendida en un estado de normalidad. Friedman quiso
extrapolar esta observación al mundo de la economía y de la política, de
tal modo que sugirió a los dirigentes políticos utilizar aquellos
periodos donde exista un gran impacto emocional en la sociedad (guerras,
atentados, catástrofes naturales, golpes de Estado, etc.) para aplicar
medidas políticas y económicas que en cualquier otro periodo habrían
sido rechazadas, incluso de manera violenta, por las masas.
Como bien expone Klein en su libro, cada país del mundo ha ido
sabiendo encontrar sus propios estados de shock para implementar sus
leyes más polémicas y conflictivas, especialmente desde el punto de
vista de la economía o del recorte de los derechos ciudadanos. En el
Estado Español, sin ir más lejos, llevamos décadas sumergidos en una
situación de este tipo. Con sólo hacer aparecer la palabra ETA en
cualquier entorno cotidiano de nuestra vida social, el estado de shock
en el que inmediatamente entrarán la inmensa mayoría de los presentes
podrá resultar incluso sorprendente para cualquiera que tenga la
capacidad de analizar la situación de manera más o menos objetiva. ETA
es el shock por excelencia del Estado Español, aquel en cuyo nombre
mayores atrocidades de tipo político se podrán cometer contra los
derechos de la ciudadanía sin que la inmensa mayoría de ésta haga nada
por evitarlo.
Desde la ilegalización de partidos políticos, a la detención de
inocentes, pasando por el cierre de medios de comunicación o la
criminalización de cualquier movimiento social peligroso para los
intereses del capital, amén del desprestigio para cualquier tipo de
proyecto político que pueda coincidir en los más mínimo con alguno de
los planteamientos de la banda armada vasca, todo es posible cuando la
palabra ETA se pone de por medio. El Plan Ibarretxe, el estatut de
Cataluña, la lucha de los mineros en Asturies o León, el 15-M, el 25-S,
las luchas del SAT en Andalucía, no ha habido en el estado español un
solo movimiento político o social que haya puesto encima de la mesa la
protesta ciudadana o la movilización social, que no haya sido
relacionada, de una u otra manera, con ETA o lo que llaman "el entorno
de ETA". Ese entorno que, como ya se avisaba desde medios como
Kaosenlared y otros sitios mientras la mayoría social prefería mirar
para otro lado, tiene la capacidad de estirarse como un chicle y
abarcar, según lo vayan demandando los inventores políticos y mediáticos
de la teoría, a un sector de la población, en el conjunto del estado,
cada vez mayor. Ahora, le ha llegado el turno a la PAH.
Pese a esos estudios que demuestran el sufrimiento psicológico,
"similar al que se genera después de sufrir un atentado terrorista", que
deben hacer frente quienes están viviendo procesos de desahucio, y cuya
forma más efectiva de respuesta ante ello es la organización y la lucha
social, el PP pretende hacer creer a la sociedad que, con esta campaña
de escraches, son ellos, los dirigentes populares, quienes sufren el
acoso y la violencia, y no los desahuciados, organizados a través de la
PAH. En definitiva, que es el PP el que sufre la violencia y la PAH la
que la ejerce.
De las lágrimas de Soraya al terrorismo mediático
Lejos parecen ya quedar esos tiempos en los que el PP quiso aparentar
mostrar algún tipo de empatía con el sufrimiento de los desahuciados.
Todos recordamos la patética actuación llevada a cabo por la Portavoz
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras presentaba uno de
tantos fraudes políticos realizados por el Gobierno de Rajoy, en este
caso el que pretendía hacer pasar por una solución al problema de los
desahucios, un plan que no llegaba a ser ni un comienzo para la misma,
que, a la postre, no ha tenido el menor impacto en dicha solución, como
era lógicamente esperable. De la misma manera que no lo han tenido otros
intentos como aquel del código ético para las instituciones bancarias o
similares. Todos parches sin efectividad real alguna. Chicles con los
que tratar de tapar el agujero del Titanic, mientras el barco se hunde
sin remedio y arrastra con él a cientos de miles de personas. Pero,
cuando menos, Sáenz de Santamaría, en aquella ocasión, aparentó conocer
el sufrimiento que se esconde tras los desahucios, y no dudó en llevar a
cabo una patética actuación seudotreatal en la que mostraba solidaridad
y empatía con los mismos. Todo eso ya pasó a la historia. El miedo, con
los escraches, parece que ha empezado a cambiar de bando, y ahora se
impone la línea dura.

Por su lado, Luis Losada, subdirector de La Gaceta,
amenazaba el viernes a Ada Colau con “publicar su dirección en
Barcelona”, que, según dice, le ha “pasado” un amigo. Para Losada, tras
llamar violentos a los activistas, “la izquierda española está copiando
los actos de repudio del castrismo contra los disidentes”. Obviando,
claro, que, en este caso, los "disidentes" son aquellos a los que él
llama violentos, y el régimen contra el que se manifiestan, y por lo que
llevan a cabo protestas de este estilo, un régimen capitalista que deja
a más de quinientas familias en la calle cada día, entre otras muchas
cosas. A través de su cuenta en twitter, sugería incluso la posibilidad
de que, tras la publicación de la dirección de la representante de la
PAH, alguien se pasase "a hacerle una visita".

"Ada Colau y las personas que están la plataforma anti desahucios han
manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a
esos grupos que a mi modo de ver y el de muchos españoles tienen que ver
con el entorno de ETA", ha asegurado Cifuentes. "La PAH debería
aclarar por qué apoya una manifestación de apoyo a los presos de ETA",
añadió horas más tarde, para que no quedase la menor duda de que no solo
se ratificaba en sus palabras originales, sino que todo forma parte de
una campaña bien pensada y diseñada desde los laboratorios de ideas del
PP, que podrán ser todo lo reaccionarios y represores que se quiera,
pero tontos no son, y saben bien lo que hacen. El terrorismo mediático
es ya un clásico en las estrategias políticas del PP contra las luchas
del pueblo. Igual no tardan mucho en acusar también a la PAH de querer
dar un Golpe de estado, otro argumento habitual de la criminalización de
los movimientos sociales en los últimos tiempos.
De la palabra a los hechos: denuncias judiciales contra la PAH
El PP dice tener ya contabilizados ocho casos
de "acoso" a sus diputados por parte de activistas de la plataforma
contra los desahucios, de los que tres o cuatro se han sustanciado ya en
una denuncia en comisaría, y el Grupo Popular no descarta acabar
presentando una denuncia global contra los responsables de estas
movilizaciones, especialmente la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH).
El último caso conocido es de la asturiana Carmen Rodríguez Maniega,
que ha denunciado en Avilés que el pasado sábado se sintió increpada,
perseguida e insultada por miembros de PAH de Asturias. La diputada ha
formalizado este lunes la denuncia contra la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) del Principado de Asturias. Ha interpuesto una
denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés por acoso. La
denuncia se ha formulado contra la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Asturias dado que no han sido identificadas las personas que
increparon a la diputada.
Anteriormente, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP,
Esteban González Pons, presentaba una denuncia por "coacciones" en la
comisaría del Congreso contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), después de que el miércoles pasado varios miembros de la PAH se
concentraran ante su casa de Valencia e intentaran hacerle llegar una
carta en la que explican su situación, según han informado a Europa
Press fuentes populares.
El PP también ha anunciado que estudia iniciar acciones legales
contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) por las
"amenazas de muerte" que, según la líder del partido en Cataluña, Alicia
Sánchez Camacho, recibió la diputada del Congreso Concepción Veray en
encuentros con representantes de la asociación.
En función de cómo avancen los acontecimientos, la dirección del
Grupo Popular no descarta presentar su propia denuncia conjunta contra
los responsables de estas movilizaciones en el entorno privado de los
diputados. Esa denuncia, más las particulares, podrían acabar llevando
estas prácticas de acoso hasta el Tribunal Supremo o la Audiencia
Nacional. Tal vez su intención sea la de abrir un macroproceso contra
la PAH, al estilo de los realizados contra el "entorno de ETA" en Euskal
Herria. Ya tiene bastante experiencia en este tipo de acusaciones
masivas, en estos procesos mediáticos a gran escala para criminalizar a
todo un movimiento social, por el simple hecho de dedicarse a hacer
política (Segi, Bateragune, sumario 18/98, etc.), o incluso por hacer
uso de la libertad de expresión (Egin, Egunkaria, etc.).
El terrorismo político y mediático señala, los fascistas acatan. La PAH responde
Ante tal campaña de criminalización, la
portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau,
no descarta tomar acciones legales contra la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, por haberla acusado de apoyar a grupos
proetarras, y contra otras acusaciones de dirigentes del PP.
"Es realmente inmoral, y no descartamos
acciones legales por la difamación y el clima de confusión y tensión",
ha deplorado Colau. Según ha dicho, estas palabras han provocado que
usuarios de las redes sociales la hayan "amenazando de muerte" durante
los últimos dos días. El terrorismo mediático señala, los fascistas
acatan.
La activista, finalmente, ha manifestado que se trata de una "cortina
de humo" para no modificar la ley hipotecaria pese a la sentencia
europea que la ha declarado ilegal, porque el gobierno está presionado
por las entidades financieras para no cambiar la norma, según ella.
Colau ha rechazado también las acusaciones de que los integrantes de
la PAH utilizan la violencia y la coacción en sus acciones, y ha
agregado que realizan un ejercicio democrático: "El único caso de
violencia es lo que hacen las entidades financieras".
"Estamos esperando que el gobierno condene con contundencia el acoso y
la violencia de las entidades financieras contra la población", ha
exigido la portavoz, quien ha agregado que la PAH sólo se ocupa de
defender el derecho a la vivienda.
Pues te vas a quedar con las ganas, Ada. ¿Cómo va el gobierno a condenarse a sí mismo?
Pedro Antonio Honrubia Hurtado, para Kaos. Vivienda y okupación.