Emilio Hellín, que secuestró y asesinó a una estudiante en 1980 y fue
condenado a 43 años, sirve y cobra como asesor de la Guardia Civil
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Yolanda González |
En enero de 1980 secuestró a una joven del Partido Socialista de los
trabajadores, Yolanda González, y la asesinó de dos tiros en la cabeza. A
Emilio Hellín Moro le condenaron a 43 años, aunque sólo cumplió 14
antes de salir de la cárcel. El ultraderechista cambió poco después su
nombre y pasó a llamarse Luis Enrique. Y cerró el ciclo de su
‘rehabilitación’ pasando a trabajar…¡para la Guardia Civil!
El asesino asesor y conferenciante para las policías
En la actualidad, como les hemos contado en ELPLURAL.COM, Emilio Hellín, en su nueva versión de Luis Enrique Hellín, y a través de una de sus empresas, participa en investigaciones sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación y da conferencias a agentes de la benemérita, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra… Trabajos por los que cobra de la Administración del Estado, en especial del Ministerio del Interior.
En la actualidad, como les hemos contado en ELPLURAL.COM, Emilio Hellín, en su nueva versión de Luis Enrique Hellín, y a través de una de sus empresas, participa en investigaciones sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación y da conferencias a agentes de la benemérita, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra… Trabajos por los que cobra de la Administración del Estado, en especial del Ministerio del Interior.
Desde el momento en el que hace unas semanas se hizo pública la
situación, la familia y los amigos de la víctima iniciaron una campaña
de recogida de firmas bajo el slogan “No a la colaboración de Yolanda
con los Cuerpos de Seguridad”. Una campaña que ahora ha llegado al
Congreso, donde todos los grupos parlamentarios, con la excepción
difícilmente explicable del PP, han presentado una Propuesta No de Ley
(PNL) para “llevar a cabo una investigación oficial y una evaluación
detallada sobre las razones por las que ha sido posible que un condenado
(…) haya mantenido contratos y colaborado con las Fuerzas de Seguridad
del Estado, sobre las responsabilidades que, en su caso, se deriven y
sobre las actuaciones que sean necesarias para evitar que vuelva a
suceder, elaborando con todo lo anterior un informe que será remitido a
esta Cámara”.
“Queremos que se conozca el rastro de este personaje”
Los familiares y amigos de Yolanda han especificado, tras la presentación de la PNL, su sorpresa porque el PP no haya apoyado la iniciativa. “Hemos informado personalmente a los miembros del PP, directamente nosotros y también en la mesa de portavoces del Congreso -ha dicho Angel Luis Parras, portavoz de la familia de la víctima-, nadie les ha excluido”. Los familiares han reiterado, como se recoge en la Propuesta de todos los grupos parlamentarios excepto el popular, que su deseo es que “se conozca qué ha pasado con este personaje.., los rastros de la relación de Hellín con el Estado desde que salió a la calle en el año 1996″.
Los familiares y amigos de Yolanda han especificado, tras la presentación de la PNL, su sorpresa porque el PP no haya apoyado la iniciativa. “Hemos informado personalmente a los miembros del PP, directamente nosotros y también en la mesa de portavoces del Congreso -ha dicho Angel Luis Parras, portavoz de la familia de la víctima-, nadie les ha excluido”. Los familiares han reiterado, como se recoge en la Propuesta de todos los grupos parlamentarios excepto el popular, que su deseo es que “se conozca qué ha pasado con este personaje.., los rastros de la relación de Hellín con el Estado desde que salió a la calle en el año 1996″.
En el texto introductorio del PNL se recuerda que Emilio Hellín,
ahora Luis Enrique Hellín, “protagonizó además una huida de prisión,
varios intentos de fuga y, aprovechando un polémico permiso
penitenciario, un quebrantamiento de condena con estancia en Paraguay
bajo la protección del dictador Stroessner, que finalizó con su
extradición en 1990″. Igualmente, el texto concluye que “la
participación en este asesinato debe inhabilitar para la prestación de
servicios y la contratación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. No
es admisible que colabore con el Ministerio del Interior quien fue el
autor material de uno de los crímenes que en los años de la transición
tuvieron como objetivo frustrar el camino democrático que los españoles
habían decidido emprender con la Constitución de 1978″.